Inmersos en pleno debate sobre el déficit eléctrico,el “nuevo” incremento acelerado del precio del petróleo,las idas y venidas de las sucesivas apuestas ( en algunos casos tan solo en el discurso) por las energí­as renovables y la economí­a sostenible y verde y las constantes protestas de los consumidores ante el incremento de sus recibos de la luz,nos encontramos con una positiva -en mi opinión-aportación de la Presidenta de la Comisión Nacional de la Energí­a española, Marí­a Teresa Costa.

Al hilo del debate en torno al coste de las primas de la energí­a fotovoltaica en el sistema eléctrico español, la Sra. Costa ha elaborado un informe al respecto en el que “considera necesario plantear la posibilidad de que el coste de los precios de las energí­as renovables no solo recaiga sobre los consumidores de la luz sino que sea también asumido por otros colectivos”.Si bien el Informe no va más allá en esta idea, merece la pena destacar esta ví­a ( no necesariamente nueva) de gran oportunidad.

En un mundo en el que cerca de 1600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad o  en el que otros 400 millones lo hacen de manera limitada e ineficiente, en el que las deficiencias de infraestructuras de transmisión y servicio convierten en zonas aisladas a crecientes poblaciones urbanas de todo tipo y nivel económico y de bienestar,o en el que no existe región y/o gobierno alguno que no se plantee “una nueva estrategia energética ( casi siempre, verde, renovable y sostenible) para los próximos 25 años a la qu pide no solamente garantizar el acceso de sus ciudadanos y empresas a la electicidad, sino que lo haga de manera competitiva, social, a la vez que sirva como instrumento para la generación de nuevas industrias y empleos de futuro, capaces de transferir el control a los agentes locales y facilitar el desarrollo económico y social de su territorio y ciudadanos, en condiciones  adecuadas de financiación que no pongan en riesgo las arcas públicas del gobierno implicado”, parecerí­a inevitable redefinir la financiación de la electricidad y el acceso, uso y disfrute de la misma en condiciones realistas que no se limiten a la decisión del Ministro de Energí­a del gobierno correspondiente  para trasladar su coste al famoso recibo de la luz.

Si resulta evidente que el elevado coste demandado no puede ser trasladado al individuo, empresa o usuario final en su totalidad, ¿Cómo asignarlo al conjunto de stakeholders e implicados? ¿Una tasa de carburantes? ,¿Una tasa asociada al fomento de proyectos especí­ficos de I&D considerados asociables a las estrategias energéticas afectables?,¿Una tasa para el desarrollo sostenible y/o para la industrialización en la región correspondiente?,¿Acudir directamente a los Presupuestos Generales y otorgarle el caracter de bien necesario y de utilidad pública cuya universalización ha de ser garantizada propiciando el acceso a una electricidad eficiente ,competitiva y sustentable?…

Lo dicho. Una ví­a,una oportunidad para superar el perverso debate entre primas,tipos de energí­a y lucha de suma cero.Otro complejo camino a recorrer…

 

     Ha pasado casi un mes desde mi último comentario advirtiendo sobre el peligroso movimiento generador de culpables o causa única de los males de la economí­a española en torno al modelo autonómico y ,hoy, desgraciadamente, constatamos una generalizada discusión en torno a la “imperiosa necesidad de controlar tan despilfarrador e irresponsable fenómeno que genera desconfianza en los mercados e impide la superación de la crisis que atraviesa el estado español”.

     En su ya habitual y cansino estilo de anunciar “medidas firmes y trascendentes” , en un marco de aparente solemnidad exento de credibilidad,el presidente del gobierno español,declaraba al Financial Times su determinante intención en controlar y poner firmes a los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas del Estado ( se supone que incluí­das las gobernadas por miembros de su partido),impidiendo el irresponsable despilfaro, excesivo endeudamiento, deficiente gestión de sus responsabilidades públicas e injerencia en competencias correspondientes a otras administraciones, recordadndo que ,en última instancia, quien manda es él.Así­, quien tenga por hábito leer la prensa financiera británica se habrá enterado que se ha iniciado un proceso de re-centralización, supresión e intervención de los legí­timos poderes constitucionales de las Comunidades Autónomas de la mano unilateral del Sr. Rodrí­guez Zapatero.

      Más allá de derechos y leyes, convendrí­a recordar-una vez más- que el 80% de la deuda pública española corresponde a la Administración Central, en torno al 7% a los Municipios y un 13% a las Comunidades Autónomas( sin olvidar que el grueso preocupante de la deuda española es privada y no pública) . Merecerí­a la pena recordar que el gobierno español autoriza o deniega la emisión de deuda de las Comunidades sujetas a su control competencial en la materia,que son las Comunidades Autónomas quienes tienen asumidas competencias en materias de salud, educación , bienestar social y polí­ticas activas de empleo por citar algunas relevantes en momentos de crisis-que suponen más del 60% de los presupuestos de los gobiernos autonómicos- y conviene añadir que, desde el inicio de la transición democrática y generación del llamado estado de las autonomí­as, el gobierno central no ha dejado de crecer duplicando áreas competenciales,provocando confusión en el escenario de traspaso de competencias y bienes y servicios asociados con las mismas, jugando a interpretaciones unilaterales a su antojo, supeditando la eficiencia del modelo a las necesidades coyunturales y partidarias de cada momento.Pretender ahora, explicar el fracaso de su estrategia económica, su incompetencia para facilitar la salida de la crisis y “tranquilizar al temido mercado” por el mal comportamiento autonómico suena,cuando mmenos ,a excusa frí­vola.      

       Una vez más conviene recordar un par de elementos clave a considerar:

1) Gran parte del éxito de crecimiento y bienestar logrado por el Estado español en beneficio de sus ciudadanos ,territorios y empresas se explica por la existencia de un modelo autonómico, descentralizador, facilitador de competencia innovadora, generador de mecanismos próximos de participación y control y cierta capacidad de cuestionar el pensamiento único de la élite centralista del Estado.

2) El modelo autonómico ha resultado exitoso pese a enormes lagunas y errores en su desarrollo ( Estatutos sin completar, paralisis competencial, leyes básicas rí­gidas y así­ntonas con las funicones que pretenden, excesiva recuperación competencial con la excusa de la integración en la UE,burocracia centralizada,…) y el temor a entender las verdaderas demandas de la sociedad-en determinadas Comunidades-que no se sienten confortables con el actual status quo y pretenden, de forma légí­tima y democrática, un nuevo espacio de relación ,

3) la crisis económica por la que atraviesa el Estado español no es un mero reflejo exógeno que se superará con el tiempo.Se trata de una crisis de modelo económico, de estructura y de competitividad que exige reformas en profundidad ( no se  trata de ampliar la edad de jubilación en dos años,por ejemplo).Esta ausencia de reformas es lo que los “mercados” observan dí­a a dí­a y hace que los ciudadnos y ahorradores comunes y corrientes ( empezando por quienes invierten en fondos a través de los funcionarios y los sindicatos por citar algún ejemplo) no confí­en en la economí­a española y, en la medida de lo posible, opten por otros caladeros.

       La economí­a española presenta un panorama delicado para el 2011: lentí­simo y escaso crecimiento,excesivo y creciente desempleo y ,además, una asfixiante incertidumbre,en un marco económico-polí­tico-comunicador nada propicio para abordar estrategias transformadoras,completas y coherentes.Dichas reformas pasan ,entre otras cosas,por aumentar su competitividad.Harí­a bien el Presidente del gobierno en explicar al FT sus planes para lograrlo:capacidad de producí­ón de los trabajadores comparados con el equivalente alemán, eficiencia de la maquinaria y equipos de la empresa española respecto de Holanda,inversión equivalente ( recursos y output) de la I& D a la finlandesa,excelencia educativa en Matemáticas, lectura y ciencias- al menos por encima de la media europea-,adecuación de la formación ( no solo profesional sino universitaria) a la demanda real del mercado de trabajo, transformación de la función pública y la gestión pública del Estado,transformación de los órganos reguladores,capitalización del sistema financiero…o incluso, limitarse, a definir el plan de acción para llevar a cabo la famosa Ley de Economí­a sostenible “que harí­a de la economí­a del ladrillo una próspera economí­a de empleos limpios y de alto valor añadido” .

    Quizás de esta manera, se entenderí­a oportuno un amplio y profundo debate sobre el modelo de Estado ( muy necesario y en el que España se juega su futuro) no para controlar el endeudamiento de 13 gobiernos duplicados sino para responder a la libre confortabilidad de los pueblos y naciones que ,hoy,lo componen.También es un debate económico.